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La ley de Contratos del Sector Público prioriza a las empresas participadas por sus trabajadores en los servicios sociales, culturales y de salud

Miércoles, 8 noviembre 2017


 
La Ley de Contratos del sector Publico prioriza a las empresas participadas por sus trabajadores en los servicios sociales, culturales y de salud. 

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La Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, CONFESAL,  de la que FEANSAL es miembro, reunida en Comisión Ejecutiva la pasada semana, mostro su satisfacción con la nueva Ley de Contratos del Sector Público aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados y que en breve será publicada en el BOE, por incluir en su articulado criterios claros para priorizar a las empresas participadas y propiedad de sus trabajadores en los servicios sociales, culturales y de salud.

 

En este sentido agradece el esfuerzo negociador de CEPES, que ha impulsado las mejoras necesarias en el proceso de tramitación parlamentaria para que la Ley establezca criterios sociales claros a la hora de que la contratación pública tenga más en cuenta los valores de la economía social. En su disposición adicional cuadragésima octava la nueva normativa establece que los órganos de contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud, siempre que se cumplan condiciones como que …“los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; o en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá realizarse con arreglo a criterios de participación; o que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas”.

Las principales oportunidades que ofrece la norma para que las empresas de Economía Social sean consideradas en los procesos de contratación por parte de los poderes públicos, son las siguientes:

  • El objeto y finalidad de la Ley ya contemplan que se ha de facilitar el acceso a la contratación pública de las empresas de Economía Social.
  • Los criterios sociales y medioambientales se han de incorporar de manera transversal en toda contratación.
  • Se supera el desfasado concepto de la oferta económica más ventajosa a la hora de adjudicar contratos públicos, y se sustituye por el de mejor relación calidad-precio.
  • Se ha incorporado, como novedad, la posibilidad de reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a empresas y entidades de la Economía Social.
  • Se solucionan los supuestos de subrogación empresarial cuando empresas de Economía Social dejan de prestar sus servicios a las Administraciones.
  • La reserva obligatoria de contratos para Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo mejora sustancialmente su definición y exigencias en la nueva ley. Y se limita esta reserva obligatoria a la figura de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, tal y como el sector venía demandando históricamente.
  • Se recogen múltiples posibilidades para la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de los contratos o en las condiciones especiales de ejecución de los mismos.
  • Y se contempla de forma expresa que los conciertos sociales por parte de entidades privadas (regímenes de autorización o licencia) se excluyan de la ley de contratos.
FUENTE: CONFESAL